Una constancia anotada acredita que su titular tiene derecho a una porción dentro de una parcela, pero no dice dónde está esa porción. El deslindedeslindeProceso contradictorio mediante el cual se ubican, determinan e individualizan los derechos de los inmuebles amparados en constancias anotadas.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Deslinde. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 465). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. corrige ese defecto: ubica, determina e individualiza el derecho en el terreno.
Quien deslinda fija sobre el terreno un derecho que antes flotaba dentro de la parcela madre, y esa fijación puede chocar con quien ocupa o reclama la misma porción. Por eso el proceso es contradictorio y por eso se litiga tanto. Este artículo recorre tres cuestiones: cómo define la Ley 108-05 el proceso, qué puede discutir un tercero que se opone y por qué la ocupación material pesa tanto en la decisión del juez. Para las dos últimas se apoya en dos sentencias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 2026.
La constancia anotada y la porción que aún no tiene lugar
La distinción que ordena todo el tema separa la porción determinada de la porción individualizada. Ariella Adames Rojas la formula con claridad en su estudio sobre la falta de plano de deslinde.
«De manera tal que, si la porción está determinada, aunque no individualizada, la misma estará amparada en una constancia anotada. De lo que se sigue que, cuando nos referimos a una porción de parcela determinada no necesariamente ésta se encuentra individualizada, pues para que esté individualizada deberá estar amparada en un plano de levantamiento parcelario debidamente aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales competente. Es así como, para que las porciones de parcela estén individualizadas, deberán deslindarse.»1
La autora concluye que sin deslinde la porción no alcanza esa individualización. Para ella, la falta de plano de deslinde, con el consiguiente incumplimiento del principio de especialidad, «ha ocasionado en la historia de nuestro derecho inmobiliario registral innumerables fraudes y litis, socavando con ello la seguridad jurídica que debe imperar en el comercio inmobiliario para garantizar las inversiones inmobiliarias».2 Adames Rojas escribe desde la Jurisdicción Inmobiliaria y sitúa en esa falta el origen práctico de los conflictos que llegan a la Suprema Corte.
El artículo 130 y el proceso contradictorio
La base legal es el artículo 130 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, modificada por la Ley 51-07.3
«ARTICULO 130.- Pueden aplicarse sobre inmuebles registrados las características y principios del proceso de saneamiento para depurar los derechos amparados en Constancias Anotadas. La Suprema Corte de Justicia reglamenta las condiciones de ejecución del presente artículo. Sin embargo el derecho ya establecido irrevocablemente no será desconocido por causa alguna.
PÁRRAFO.- Para los fines de aplicación de la presente ley se considera el deslinde como un proceso contradictorio que conoce el Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente.»
El legislador toma prestadas del saneamientosaneamientoProceso de orden público mediante el cual se depura, individualiza y establece el derecho de propiedad sobre un inmueble no registrado, con el objetivo de convertirlo en una propiedad debidamente inscrita en el Registro de Títulos y amparada por un certificado de título.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Saneamiento. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo II, p. 1164). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. sus características y principios, delega en la Suprema Corte la reglamentación y atribuye el deslinde, como proceso contradictorio, al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente. Eso supone que otros titulares o poseedores pueden discutir la ubicación propuesta. La cláusula final marca además un límite: el derecho ya establecido irrevocablemente no será desconocido, de modo que el deslinde no reabre un derecho firme por otra vía.
El desarrollo reglamentario está hoy en el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde, aprobado por la Resolución núm. 790-2022 de la Suprema Corte de Justicia del 27 de octubre de 2022.4 Su artículo 21 derogó la Resolución núm. 3642-2016, que instituía el Reglamento de Desjudicialización de Deslinde y Procedimientos Diversos,5 y la Resolución núm. 82-2025, del 9 de octubre de 2025, lo modificó.6
Las tres etapas y el alcance de la fase judicial
La Tercera Sala resume el régimen del reglamento, y en particular sus artículos 10 y 11, en una sentencia del 31 de marzo de 2026. El caso trataba de una doble venta del mismo lote, una porción de 220.50 m2 de la parcela 92-A, distrito catastral 8, Puñal, Santiago, y de unos trabajos de deslinde cuyo rechazo confirmó el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte. La Sala rechazó el recurso de casacióncasaciónRecurso extraordinario que se interpone ante la Suprema Corte de Justicia para obtener la casación o anulación de una sentencia dictada en única o en última instancia por un tribunal inferior, por violación de reglas de derecho, sin que, por regla general, implique revisión de los hechos establecidos.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Casación. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 233). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. y esa decisión quedó firme.7 En lo que interesa al concepto, dijo lo siguiente.
«19. Asimismo, tal como recoge la sentencia impugnada, conforme al artículo 10, párrafo I del Reglamento núm. 790-2022, sobre Regularización Parcelaria y Deslinde, se establece que el deslinde es un proceso técnico-jurídico contradictorio destinado a ubicar, determinar e individualizar los derechos amparados en constancias anotadas. Conforme al artículo 11 del mismo reglamento, dicho proceso se desarrolla en tres etapas, incluida la etapa judicial, durante la cual cualquier persona con interés legítimo puede objetar los trabajos ante discrepancias sobre la ubicación o individualización propuesta, concluyendo dicha fase con la sentencia que aprueba o rechaza la conformidad técnica y jurídica de los trabajos sometidos a consideración del tribunal.»
Tres consecuencias se desprenden del párrafo. El proceso es técnico y jurídico a la vez, de modo que los trabajos del agrimensor no se aprueban por sí solos. La etapa judicial es una de tres y tiene un objeto preciso: objetar los trabajos ante discrepancias sobre la ubicación o la individualización propuesta. Y la objeción no se limita a colindantes o titulares: basta un interés legítimo. La fase judicial termina con la sentencia que aprueba o rechaza la conformidad técnica y jurídica de los trabajos.
La definición no es nueva en lo esencial. Adames Rojas transcribe la del artículo 10 del reglamento anterior, la Resolución núm. 355-2009, según la cual el deslinde es «el proceso contradictorio mediante el cual se ubican, determina e individualizan los derechos amparados en constancias anotadas». El artículo 10 del reglamento de 2022 conserva casi la misma letra: «El deslinde es el proceso contradictorio mediante el cual se ubican, determinan e individualizan los derechos amparados en constancias anotadas».8 El calificativo «técnico-jurídico» es de la Sala al resumirlo. La autora agrega una regla sobre la legitimación: quien solicita el deslinde debe ser el titular de la porción a deslindar, según una sentencia de la Tercera Sala de 2007 que ella cita.9
Oposición al deslinde y nulidad de venta
La misma sentencia aclara una confusión frecuente. Un tercero había intervenido para pedir el rechazo de los trabajos porque, según alegaba, se habían ejecutado dentro de la porción cuya titularidad reclamaba. La parte recurrente sostenía que esa oposición era en realidad una demanda en nulidad de venta. La Sala respondió en estos términos.
«20. En ese contexto, la sentencia impugnada evidencia que las pretensiones del interviniente voluntario se dirigían al rechazo de los trabajos técnicos por considerar que habían sido ejecutados dentro de la porción cuya titularidad alegaba, por lo que, aun constatada la duplicidad de ventas, no resultaba procedente calificar su oposición como una demanda en nulidad. En consecuencia, el tribunal a quo no incurrió en el vicio alegado, razón por la cual se desestima este aspecto.»
El criterio separa dos pretensiones que suelen mezclarse. Quien objeta un deslinde discute la ubicación de los trabajos, y esa objeción es una oposición aunque exista una duplicidad de ventas en el expediente. Quien quiere anular una venta o un título ejerce otra acción, con su propio cauce. La Sala añadió un punto sobre la prueba: según la sentencia, no bastaban el contrato de venta, el pago de impuestos ni el alegato de cercado, y el solicitante debía demostrar la ocupación y la ejecutabilidad registral de su acto, para lo cual no aportó una certificación de estado jurídico.10
La ocupación material como eje de la ubicación
La segunda sentencia, del 31 de julio de 2026, lleva la discusión al hecho que más se litiga, que es quién ocupa la porción. El recurso de casación fue rechazado y quedó firme la sentencia núm. 202500397 del 2 de diciembre de 2025 del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este.11 La Sala hizo suya una conclusión de la alzada y la formuló así.
«26. […] de ahí que fue válidamente establecido por el tribunal a quo y, con lo cual concuerda esta corte de casación, que uno de los ejes cardinales para ejecutar de manera regular un deslinde es que la porción de terreno sometida a dichos trabajos se encuentre siendo ocupada por la parte solicitante; […]»
La frase pesa por esa concordancia: la Sala confirma lo establecido por el tribunal de fondo. Los hechos que la sostienen, según el mismo párrafo, son que el inmueble estaba materialmente ocupado por otra persona y que, conforme a las declaraciones dadas en la audiencia del 22 de abril de 2025, la parte que deslindó no tenía la ocupación del inmueble.
El párrafo contiene además una regla probatoria. La ausencia de un informe técnico del agrimensor o de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales no impedía al tribunal formar su convicción con las demás pruebas, porque la ocupación material y la correspondencia de los derechos las determinan los jueces del fondo en ejercicio de su soberana apreciación de los hechos. La ocupación puede probarse, entonces, con declaraciones en audiencia y las demás piezas del expediente.
La doctrina describe el mismo foco de conflicto. Adames Rojas observa que «las porciones de parcela originan problemas en lo relativo a si la porción que se quiere deslindar está siendo ocupada por el deslindante» y que «[c]aso frecuente también es que al realizar el deslinde se tome terreno ajeno».12 La autora respalda la observación con sentencias de la Tercera Sala y de las Salas Reunidas de 2012 a 2019.
Qué hace el abogado de cada lado
Quien solicita un deslinde debe verificar que la constancia anotada ampare el derecho y que su cliente ocupa la porción que va a medir. Un contrato de venta, el pago de impuestos o un cercado alegado no sustituyen la prueba de la ocupación ni de la ejecutabilidad registral, y la certificación de estado jurídico es la pieza que la Tercera Sala echó en falta en uno de los casos. Si hay duda sobre quién ocupa, conviene resolverla antes de medir, porque un deslinde sobre terreno ajeno termina en oposición.
Quien se opone debe decidir qué pretensión ejerce. Si objeta la ubicación de los trabajos, está en la vía del deslinde y puede intervenir en la etapa judicial con cualquier interés legítimo. Si ataca la validez de una venta o de un título, ese debate tiene otro cauce, que se estudia en la guía de la litis sobre derechos registrados. Si el inmueble proviene de una compraventa reciente, la guía del contrato de compraventa de inmueble ayuda a revisar la cadena de actos.
Notas
- Ariella Adames Rojas, «El problema de la falta de plano de deslinde en el derecho inmobiliario y registral dominicano», Revista Saber y Justicia, vol. 1, núm. 19, junio 2021, pág. 32 de la revista (enlace). ↩
- Adames Rojas, «El problema de la falta de plano de deslinde…», conclusiones, pág. 35 de la revista (enlace). ↩
- Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, modificada por la Ley 51-07, art. 130 y párrafo (enlace). ↩
- Resolución núm. 790-2022 de la Suprema Corte de Justicia, 27 de octubre de 2022, Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde (enlace). ↩
- Resolución núm. 790-2022, art. 21 (enlace). ↩
- Resolución núm. 82-2025 de la Suprema Corte de Justicia, 9 de octubre de 2025 (enlace). ↩
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. SCJ-TS-26-0685 del 31 de marzo de 2026, ¶¶ 19 y 20 (enlace). ↩
- Resolución núm. 790-2022, art. 10 (enlace). ↩
- Adames Rojas, «El problema de la falta de plano de deslinde…», pág. 34 de la revista (enlace). ↩
- SCJ-TS-26-0685, ¶ 21 (enlace). ↩
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. SCJ-TS-26-1504 del 31 de julio de 2026, ¶ 26 (enlace). ↩
- Adames Rojas, «El problema de la falta de plano de deslinde…», pág. 30 de la revista (enlace). ↩
Bibliografía y referencias
Normas
- Resolución núm. 82-2025 de la Suprema Corte de Justicia, 9 de octubre de 2025.
- Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, modificada por la Ley 51-07, art. 130.
- Resolución núm. 790-2022 de la Suprema Corte de Justicia, Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde.
Jurisprudencia
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, SCJ-TS-26-0685, 31 de marzo de 2026.
- Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, SCJ-TS-26-1504, 31 de julio de 2026.
Doctrina
- Adames Rojas, A. (2021). El problema de la falta de plano de deslinde en el derecho inmobiliario y registral dominicano. Revista Saber y Justicia, 1(19), 24-36. Escuela Nacional de la Judicatura.



