Quien pierde un recurso de casacióncasaciónRecurso extraordinario que se interpone ante la Suprema Corte de Justicia para obtener la casación o anulación de una sentencia dictada en única o en última instancia por un tribunal inferior, por violación de reglas de derecho, sin que, por regla general, implique revisión de los hechos establecidos.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Casación. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 233). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. tiene treinta días para acudir al Tribunal Constitucional, y la ley y el Tribunal la rodean de filtros de admisibilidad estrictos. El recurso no suspende la ejecución, el Tribunal no es una cuarta instancia y el plazo es corto. Por eso conviene saber, antes de redactar, qué decisión puede revisarse, por cuál causal y con qué filtros. Este artículo sostiene que el recurso se gana o se pierde en esas puertas de entrada.
La decisión recurrible y las tres causales
La Constitución remite a la ley el examen de las decisiones firmes posteriores a su proclamación.1 La Ley 137-11 lo desarrolla en su artículo 53, que otorga al Tribunal Constitucional «la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución».2 La decisión debe ser firme, y su firmeza debe ser posterior a esa fecha.
Flavio Darío Espinal Jacobo ve en esa remisión la pieza que articula las dos jurisdicciones. A su juicio, «la inclusión del artículo 277 de la Constitución estableció el vínculo indisoluble entre el Tribunal Constitucional y el poder judicial en virtud del cual se garantiza que el último esté subordinado al primero en materia de interpretación constitucional».3 Esa subordinación es la que los numerales 9 y 10 del artículo 54 vuelven operativa: el Tribunal no decide el fondo y devuelve el caso con su criterio.
El artículo 53 enumera los casos en que procede la revisión: cuando la decisión declara inaplicable por inconstitucional una norma (numeral 1), cuando viola un precedente del Tribunal Constitucional (numeral 2) y cuando produce una violación de un derecho fundamental (numeral 3).4 Sobre el precedente, véase precedentes vinculantes.
Las dos primeras exigen identificar la norma inaplicada o el precedente violado. La tercera es la que la ley rodea de más condiciones, y solo ella pasa por el filtro de la especial trascendencia.
La violación de un derecho fundamental: tres requisitos y cuándo se flexibilizan
El numeral 3 exige que concurran tres requisitos. El derecho vulnerado debe haberse invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien alega la violación la conoció (literal a). Deben haberse agotado todos los recursos disponibles en la vía jurisdiccional y la violación no debe haberse subsanado (literal b). Y la violación debe ser imputable «de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar» (literal c).5
Si la violación nace de la decisión que cierra el proceso, quien la sufre no pudo invocarla antes ni agotar un recurso contra ella. En la TC/0057/12, contra una resolución de la Sala Civil que declaró perimido un recurso de casación, el Tribunal razonó:
«b) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se comprueba que el reclamo fundamental que hace la recurrente no ha sido “invocado formalmente en el proceso”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigible.»6
En el párrafo siguiente el Tribunal extendió esa conclusión al literal b). El recurso fue inadmisible porque la Suprema Corte solo aplicó la ley al declarar la perención, sin acción u omisión imputable.6 Hoy el Tribunal, remitiendo a la TC/0123/18, razona así: «El Tribunal asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia [;] evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto».7
La especial trascendencia o relevancia constitucional
El párrafo del artículo 53 añade un filtro: la revisión por la tercera causal solo es admisible cuando el Tribunal considere que, «en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado».8 El Tribunal aplica a este recurso el criterio del artículo 100 de la Ley 137-11.9
En la TC/0489/24 el Tribunal reconoció que la especial trascendencia tiene una dimensión objetiva y una subjetiva, y reformuló los supuestos que había trazado en la TC/0007/12. Dos de los cuatro delimitan el campo con claridad: el conflicto sobre el cual el Tribunal no ha fijado criterio y cuya solución contribuya a la eficacia de la Constitución, y el caso de «una notoria y manifiesta violación de derechos fundamentales en la cual la intervención del Tribunal Constitucional sea crucial para su protección y, además, el conocimiento del fondo resulte determinante para alterar sustancialmente la situación jurídica del recurrente».10
La misma sentencia enumera lo que, en principio, carece de trascendencia: las cuestiones de legalidad ordinaria, la mera inconformidad con lo decidido, el asunto económico o privado, el asunto ya esclarecido y la decisión conforme con precedentes.11
El recurso de revisión, dice el Tribunal, «no constituye una cuarta instancia, y, en este sentido, no tiene como finalidad determinar si el juez falló bien o mal».12 En la TC/0489/24 el Tribunal inadmitió por carecer de especial trascendencia un recurso contra una casación declarada tardía.13
El plazo de treinta días y la manera de contarlo
El procedimiento empieza con un escrito motivado. La ley lo dice en el primer numeral del artículo 54:
«1) El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia.»14
La ley no dice cómo se computa el plazo. La respuesta vino de la jurisprudencia. En la TC/0143/15, el Tribunal declaró inadmisible por extemporáneo un recurso interpuesto cuarenta días después de que el recurrente conoció la resolución impugnada, y fijó el criterio de cómputo en estos términos:
«En consecuencia, a partir de esta decisión el Tribunal establece que el criterio fijado en la Sentencia TC/0080/12, sobre el cómputo de los plazos francos y hábiles solo aplica en los casos de revisión constitucional en materia de amparo y que el criterio sobre el plazo para la revisión constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario.»15
Franco significa que no se cuenta el día de la notificación ni el del vencimiento. Calendario significa que no se descuentan los días no laborables. El Tribunal lo fundó en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por supletoriedad, y varió así el criterio de la TC/0335/14 (franco y hábil).16 El criterio sigue vigente, pues la TC/0489/24 lo reitera.17
Efectos de la sentencia que acoge el recurso
El recurso no suspende la ejecución, salvo que el Tribunal lo disponga a petición motivada de parte interesada.18 Si el recurso se acoge, el Tribunal Constitucional no sustituye la decisión por otra. La ley dispone:
«9) La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó.
- El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa.»19
En la TC/0009/13 el Tribunal acogió el recurso contra una resolución de las Salas Reunidas por falta de motivación, anuló la resolución y ordenó el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, «para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54» de la Ley 137-11.20
El envío deja abierta una pregunta: qué ocurre si el tribunal de envío se aparta del criterio. Espinal Jacobo, al examinar la respuesta de la Suprema Corte a la TC/0009/13, se pregunta si falló «con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional» y concluye que la cuestión queda abierta, pues el Tribunal aún no había conocido de nuevo el caso. La describe no tanto como un «choque de trenes» trágico, sino como «un diálogo complejo, tenso y difícil entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional».21
Conclusiones: qué hace cada abogado con lo expuesto
Quien recurre empieza por el calendario: treinta días francos y calendario desde la notificación, con depósito en la secretaría del tribunal que dictó la decisión. El escrito debe notificarse a las partes del proceso en los cinco días siguientes a su depósito (art. 54.2), y conviene vigilar que se cumpla. Puede además pedir la suspensión de la ejecución.18 Si va por el numeral 3, muestra la acción u omisión del órgano jurisdiccional y conviene que argumente la especial trascendencia.
Quien defiende la decisión tiene treinta días desde la notificación del recurso para depositar su escrito de defensa.18 Allí revisa el plazo, la imputación (si el órgano solo aplicó la ley, como en la perención de la TC/0057/12, no hay acción u omisión) y la trascendencia, invocando la legalidad ordinaria y la mera inconformidad.
Notas
- Constitución, art. 277. Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 53. Texto. ↩
- Espinal Jacobo, F. D. (2013), «La fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional», Revista de Ciencias Jurídicas, 1(1), p. 24. Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 53, numerales 1 a 3 y párrafo. Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 53.3, literales a) a c). Texto. ↩
- TC, TC/0057/12, 2 de noviembre de 2012, párrafos b) a f). Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.13, que remite a la TC/0123/18 (el corchete «[;]» es del original). Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 53, párrafo. Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.33, que cita la TC/0038/12; Ley 137-11, art. 100. Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.34 y 9.41 (se omite el pie de página intercalado). Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.62 a 9.64. Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.11, que cita la TC/0157/14. Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.65 a 9.69 y dispositivo, ordinal primero. Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 54.1. Texto. ↩
- TC, TC/0143/15, 1 de julio de 2015, párrafo j). Texto. ↩
- TC, TC/0143/15, 1 de julio de 2015, párrafos i), j) y m). Texto. ↩
- TC, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024, 9.2. Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 54.2, 54.3 y 54.8. Texto. ↩
- Ley 137-11, art. 54.8 a 54.10. Texto. ↩
- TC, TC/0009/13, 11 de febrero de 2013, dispositivo. Texto. ↩
- Espinal Jacobo, F. D. (2013), op. cit., pp. 21-23. Texto. ↩
Bibliografía y referencias
Normas
- Constitución de la República Dominicana (2024), art. 277. Texto.
- Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, arts. 53, 54 y 100. Texto.
Jurisprudencia
- Tribunal Constitucional, TC/0009/13, 11 de febrero de 2013. Texto.
- Tribunal Constitucional, TC/0057/12, 2 de noviembre de 2012. Texto.
- Tribunal Constitucional, TC/0143/15, 1 de julio de 2015. Texto.
- Tribunal Constitucional, TC/0489/24, 8 de octubre de 2024. Texto.
Doctrina
- Espinal Jacobo, F. D. (2013). La fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional. Revista de Ciencias Jurídicas, 1(1), 8-26. Texto.



