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La acción de amparo en República Dominicana: presupuestos e inadmisibilidad

Constitucional · 8 min de lectura ·

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La acción de amparo en República Dominicana: presupuestos e inadmisibilidad

La acción de amparo (art. 72 Constitución, Ley 137-11) es inadmisible si hay otra vía efectiva e idónea, si pasan 60 días o si es notoriamente improcedente.

Quien presenta una acción de amparoacción de amparoAcción constitucional que puede presentar ante los tribunales cualquier persona, directamente o por representación, para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, o para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, o para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos, mediante un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Acción de amparo. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 16). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. quiere una orden judicial rápida contra un acto que hoy lesiona un derecho fundamental. Quien la contesta suele responder con una palabra: inadmisible. Este artículo recorre el régimen del amparo en la Constitución y en la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y sostiene que el punto decisivo es la causa de inadmisión por existencia de otra vía judicial efectiva, y que el debate sobre su alcance atraviesa la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Un derecho de protección inmediata

El artículo 72 de la Constitución reconoce a toda persona una acción de amparo para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Fija además el cauce del proceso.

«Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.»1

El artículo distingue el amparo ordinario, el de cumplimiento de una ley o acto administrativo y el colectivo, con un procedimiento común preferente y sumario. Ese carácter sumario es el dato constitucional que invocan las dos lecturas del artículo 70.1: la que ve en el amparo un remedio subsidiario y la que lo defiende como acción principal.

Los presupuestos de fondo: acto actual y arbitrariedad manifiesta

El artículo 65 de la Ley núm. 137-11 concreta los requisitos sustantivos.

«La acción de amparo será admisible contra todo acto omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data.»2

De la norma se desprenden cuatro condiciones: un acto o una omisión de una autoridad o de un particular, una lesión actual o inminente, una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y un derecho fundamental que no esté cubierto por el hábeas corpus ni por el hábeas data.

La otra vía efectiva: de la autonomía a la subsidiariedad

El artículo 70 de la Ley núm. 137-11 enumera las causas por las que el juez puede declarar inadmisible la acción:

«El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos:

  1. Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

  2. Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.

  3. Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.»3

La primera causa es la más discutida, porque de su lectura depende la naturaleza misma del amparo.

César Ariel Gómez describe tres modelos por los que ha pasado el amparo dominicano. El primero, el autónomo, nació con la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 24 de febrero de 1999, que no previó agotar otra vía. Su resumen:

«Como se observa, el modelo dominicano fue evolucionando desde una visión exclusiva del amparo como único remedio para reivindicar derechos fundamentales violados (modelo autónomo), pasando por la versión flexible en la cual el afectado tenía un derecho de opción (modelo alternativo), hasta el estadio actual en el cual el amparista está obligado a discernir cuál es la vía más idónea para proteger un derecho fundamental entre la vía del amparo o la vía judicial ordinaria (modelo subsidiario).»4

Para Gómez, es el artículo 70.1 el que decanta al legislador por la subsidiariedad.5

La lectura subsidiaria no es unánime. Víctor Joaquín Castellanos Pizano, juez del Tribunal Constitucional, defiende la tesis contraria en su libro de la Colección IUDEX. Para él, el artículo 72 consagra un amparo principal y directo. Se apoya en Eduardo Jorge Prats, según el cual el artículo 70.1 no se conforma con cualquier otra vía. En palabras que Castellanos Pizano transcribe:

«Esas vías judiciales, para que el amparo devenga inadmisible, deben proveer no cualquier protección, ni siquiera una protección efectiva, sino una protección más efectiva que en amparo, es decir, «los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada», tal como quiere y manda el art. 74.4 de la LOTCPC»6

Castellanos Pizano remata:

«Las precedentes posiciones doctrinales coinciden con nuestro criterio, ya que el art. 72 constitucional consagra al amparo como un mecanismo tuitivo con carácter principal y directo. En este sentido, se trata de una acción creada para la protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio ha sido concebido sin subordinación alguna a la inexistencia de otras vías judiciales efectivas, previas o paralelas al amparo.»7

Su argumento se apoya en el artículo 25.1 de la Convención Americana: admitir el criterio opuesto subordinaría el recurso sencillo y rápido a la inexistencia de otra vía, y lo desnaturalizaría.8

El Tribunal Constitucional ha precisado qué exige el art. 70.1 en la sentencia TC/1671/25, del 30 de diciembre de 2025, un recurso de revisión de amparo contra una desconexión del servicio eléctrico.

«11.6. De lo anterior se puede deducir que el mandato encomendado al juez de amparo de declarar inadmisible la acción cuando exista otra vía judicial que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado está sujeto a la capacidad que tenga esa otra vía de dar una respuesta o solución idónea a la situación planteada, la cual debe ser apreciada por el tribunal en cada caso en concreto, tomando en cuenta sus propias particularidades y la base del conflicto presentado.»9

A juicio de este artículo, la exigencia de idoneidad matiza la «mera existencia» de la que parte Gómez sin adoptar el amparo principal de Castellanos Pizano. Se acerca a Jorge Prats, que no niega que otra vía pueda volver inadmisible el amparo, aunque el Tribunal pide una respuesta «idónea» y no una vía «más» efectiva.

El plazo de sesenta días y la interrupción de la prescripción

La segunda causa de inadmisión es temporal. El amparo debe presentarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el agraviado conoció el acto u omisión (art. 70.2).3

Cuando el amparo se declara inadmisible por existir otra vía, surge la pregunta de qué ocurre con el tiempo ya consumido. El Tribunal respondió en TC/0358/17 y lo recordó en la sentencia TC/0816/24, del 18 de diciembre de 2024, que declaró inadmisible el amparo por existir otra vía judicial eficaz.

«En este punto se precisa recordar que mediante la Sentencia TC/0358/17, del veintinueve (29) de junio del dos mil diecisiete (2017), este tribunal constitucional estableció que en los casos en que sea declarada inadmisible la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial efectiva, esta operaría como una de las causales de interrupción civil de la prescripción.»10

La inadmisión por otra vía interrumpe civilmente la prescripciónprescripciónMedio de adquirir un derecho o bien, o de extinguir una acción, por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Prescripción. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo II, p. 1017). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. de la acción ordinaria que aún no se había consumado.

Tribunal competente, trámite y revisión

Conoce del amparo el juez de primera instancia del lugar donde ocurrió el acto u omisión; donde hay varias cámaras, va a la de mayor afinidad con el derecho afectado. Las jurisdicciones especializadas conocen los amparos de su materia. El amparo contra la administración pública corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa (arts. 72, 74 y 75).11

Toda sentencia de amparo se recurre en revisión ante el Tribunal Constitucional, dentro de los cinco días de su notificación (arts. 94 y 95), y no admite otro recurso salvo la tercería. Un amparo desestimado no puede llevarse a otro juez (art. 103).11

Conclusiones: la admisibilidad decide el amparo

El abogado del accionante responde tres preguntas antes de depositar: si hay un acto actual con arbitrariedad manifiesta, si han corrido los sesenta días desde que su cliente lo supo y con qué prueba, y por qué ninguna otra vía da una respuesta idónea. TC/1671/25 pone esa apreciación en manos del juez, caso por caso. Conviene explicar desde el escrito por qué la vía alterna no sirve.

El abogado del accionado tiene la inadmisibilidad como primera línea. Le conviene señalar una vía concreta y explicar por qué es idónea en este caso. Si prospera, su cliente debe saber que la prescripción de esa otra vía pudo interrumpirse, según TC/0816/24.

Notas

  1. Constitución de la República Dominicana (2024), art. 72. Texto. ↩
  2. Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, art. 65 (actos impugnables). Texto. ↩
  3. Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, art. 70 (causas de inadmisibilidad). Texto. ↩
  4. Gómez, C. A. (2025). Naturaleza jurídica de la acción de amparo y su impacto en las personas. En El Amparo: análisis general y sus distintas modalidades, Centro de Estudios Constitucionales, p. 195 del PDF (resolución de 1999, p. 194). Texto. ↩
  5. Gómez (2025), pp. 194-195 del PDF. ↩
  6. Eduardo Jorge Prats, Derecho Constitucional, t. II, núm. 1.4.6.1, p. 402, citado en Castellanos Pizano (2022), p. 73. Palabras de Jorge Prats transcritas por Castellanos Pizano. Texto. ↩
  7. Castellanos Pizano, V. J. (2022). La naturaleza principal y directa de la acción de amparo en la República Dominicana, Colección IUDEX, p. 73. Texto. ↩
  8. Castellanos Pizano (2022), p. 63. ↩
  9. Tribunal Constitucional, sentencia TC/1671/25, 30 de diciembre de 2025, párr. 11.6. Texto. ↩
  10. Tribunal Constitucional, sentencia TC/0816/24, 18 de diciembre de 2024, párr. m), que recuerda el precedente TC/0358/17. Texto. ↩
  11. Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, arts. 72, 74, 75, 94, 95 y 103. Texto. ↩

Bibliografía y referencias

Normas

  • Constitución de la República Dominicana (2024), art. 72. Texto.
  • Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, arts. 65, 70, 72, 74, 75, 94, 95 y 103. Texto.

Jurisprudencia

  • Tribunal Constitucional, sentencia TC/1671/25, 30 de diciembre de 2025. Texto.
  • Tribunal Constitucional, sentencia TC/0816/24, 18 de diciembre de 2024. Texto.

Doctrina

  • Castellanos Pizano, V. J. (2022). La naturaleza principal y directa de la acción de amparo en la República Dominicana. Colección IUDEX, Tribunal Constitucional. Texto.
  • Gómez, C. A. (2025). Naturaleza jurídica de la acción de amparo y su impacto en las personas. En El Amparo: análisis general y sus distintas modalidades. Centro de Estudios Constitucionales, Tribunal Constitucional. Texto.
  • Jorge Prats, E. (s. f.). Derecho Constitucional (t. II, núm. 1.4.6.1, p. 402). Citado en Castellanos Pizano, V. J. (2022), p. 73. Texto.

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Bisonó, J. (2026, 14 de noviembre). La acción de amparo en República Dominicana: presupuestos e inadmisibilidad. Academia de Clerk. https://clerk.do/guias/que-es-el-amparo-cuando-procede

BISONÓ, Joan. La acción de amparo en República Dominicana: presupuestos e inadmisibilidad. Academia de Clerk [en línea]. 14 de noviembre de 2026 [consulta: fecha de consulta]. Disponible en: https://clerk.do/guias/que-es-el-amparo-cuando-procede

Bisonó, Joan. «La acción de amparo en República Dominicana: presupuestos e inadmisibilidad». Academia de Clerk, 14 nov. 2026, clerk.do/guias/que-es-el-amparo-cuando-procede.

Bisonó, Joan. «La acción de amparo en República Dominicana: presupuestos e inadmisibilidad». Academia de Clerk. 14 de noviembre de 2026. https://clerk.do/guias/que-es-el-amparo-cuando-procede.

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