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Intervención forzosa en materia laboral: apelación, conjunto económico y sentencia

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Intervención forzosa en materia laboral: apelación, conjunto económico y sentencia

Cualquier parte puede traer a un tercero al proceso laboral. En apelación hace falta un elemento nuevo, y el dispositivo debe reflejar el conjunto económico.

El trabajador demanda a la empresa que le pagaba. En el camino descubre que detrás hay otra sociedad del mismo grupo, con más bienes, que nadie trajo al pleito. La figura que permite corregir esa omisión es la intervención forzosa, y en materia laboral plantea dos preguntas que la Tercera Sala ha respondido en dos sentencias recientes. La primera es hasta cuándo y en qué grado puede una parte traer a un tercero. La segunda es qué debe hacer el juez cuando retiene que varias empresas forman un conjunto económico. Este artículo recorre las dos cuestiones con el Código de Trabajo, dos sentencias de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y la doctrina disponible, y concluye con lo que corresponde a cada lado del proceso.

La intervención forzosa como figura del proceso laboral

El Código de Trabajo regula la intervención en su Título VI, artículos 602 a 609; la intervención forzosa ocupa los artículos 607 a 609. La regla de partida es amplia: «Art. 607.- Cualquiera de las partes puede requerir la intervención de un tercero.»1 El artículo 608 somete el emplazamiento del tercero a las reglas de la demanda introductiva: «Art. 608.- La parte que tenga interés en requerir la intervención se ceñirá a las reglas prescritas para la demanda introductiva de la acción.»2

El Diccionario Jurídico Dominicano define la figura, desde la técnica procesal general, como la «Integración a un proceso en curso de una persona que no fue originalmente parte de él, ya sea por iniciativa propia (intervención voluntaria) o por solicitud de una de las partes (intervención forzosa)». El mismo lema añade una consecuencia que el Código laboral recoge: «La sentencia que se dicte decidirá tanto sobre las pretensiones de las partes como sobre las del interviniente.»3 El lema remite al Código de Procedimiento Civil, pero describe la mecánica que fija el artículo 609: «Art. 609. La intervención y la demanda principal se decidirán por una misma sentencia.»4

Edgar Barnichta Geara, que escribe de procedimiento tributario y no de trabajo, ofrece una definición general que coincide con el lema y precisa su finalidad: la intervención forzosa «es aquella solicitud que una de las partes litigantes le hace al tribunal para que ordene la intervención en esa litis de un tercero que no figura como parte en el proceso, con la finalidad de que la sentencia a intervenir le sea oponible a ese tercero.»5 La oponibilidad es la clave: lo que busca quien llama al tercero es que la condena pueda hacerse valer contra él.

Los límites del tiempo: la audiencia de pruebas y el curso del proceso

El Código pone un tope temporal que cualquier litigante debe tener presente: «Art. 604.- En ningún caso será admisible la intervención después de celebrada la audiencia de producción y discusión de pruebas.»6 La fórmula es categórica. El legislador, sin embargo, no quiso que la intervención paralizara el litigio. El artículo 605 lo dice así: «Art. 605.- La intervención no detendrá el curso regular de los procedimientos, pero podrá prolongarlo en cuanto fuere necesario para garantizar los derechos de defensa de terceros intervinientes o de la parte que requiera la intervención de un tercero, según se prescribe en el capítulo siguiente.»7 El artículo 605 protege también al tercero que llega tarde: el proceso puede prolongarse en lo necesario para que pueda defenderse.

El artículo 604 no distingue entre grados ni prevé la intervención por primera vez ante la corte de apelación. Esa posibilidad es una construcción de la Tercera Sala, que la admite cuando existe un elemento nuevo «en la instrucción del juicio (audiencia de prueba y fondo) ante los jueces de segundo grado».8 Por eso el abogado debe leer el 604 junto con el criterio de la Sala, y no uno sin el otro.

La intervención ante la corte exige un elemento nuevo

La Tercera Sala ha sentado un criterio sobre la admisión de la intervención forzosa por primera vez en apelación. La limitación que se impone al derecho al doble grado de jurisdicción debe tener justificación, y esa justificación es la existencia de un elemento nuevo. Así lo explica en el párrafo 18 de su sentencia SCJ-TS-24-0187:

«18. La exigencia de un elemento nuevo puede surgir de la propia sentencia impugnada (o de acontecimientos posteriores a ella), supone necesariamente que en la instrucción del juicio (audiencia de prueba y fondo) ante los jueces de segundo grado se ventilen indicios de la existencia de solidaridad con un tercero no puesto en causa y que la sentencia dictada en apelación, precise de manera clara y específica dichos hechos y sus consecuencias jurídicas, de manera que tenga justificación constitucional la limitación del derecho al doble grado de jurisdicción, es decir, que la aplicación de una tutela judicial diferenciada a favor de los trabajadores, en el ámbito de la protección horizontal de los derechos fundamentales, no constituya un acto de arbitrariedad judicial. Lo dicho anteriormente tiene como base que difícilmente se pueda justificar la restricción o limitación del derecho de apelación sobre la base de una negligencia del demandante original, quien pudiendo haber demandado por ante el primer grado al interviniente forzoso en segundo grado, no lo hizo por olvido o falta razonable de previsión.»8

El pasaje exige tres cosas: que los indicios de solidaridad se ventilen en la instrucción ante la corte, que la sentencia precise esos hechos y sus consecuencias, y que no se repare así la negligencia del demandante que pudo demandar al tercero en primer grado. La propia Sala explica la finalidad de la figura en este contexto, en el párrafo 19:

«19. Asimismo, la intervención forzosa en grado de apelación, en el derecho procesal del trabajo, tiene como objeto fundamental la imposición de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones laborales, generadas con la adquisición de los activos y pasivos de la empresa o la toma en apariencia de una cesión de empresa, por presumirse que esta tendría los recursos necesarios para satisfacer, como una forma de protección a los trabajadores, los derechos laborales adeudados, cuestión que tiene como fundamento deontológico que por su propia posición de subordinados, los trabajadores son ajenos a las contrataciones que realice quien en principio estiman como empleador.»9

En ese caso la Sala rechazó el recurso de las empresas y quedó firme la sentencia núm. 028-2023-SSEN-0107, del 20 de abril de 2023, de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.10

El conjunto económico del artículo 13 y su límite

El párrafo 19 liga la intervención en apelación a la adquisición de activos y pasivos o a la cesión aparente de empresa. Otro fundamento posible de la solidaridad que se invoca contra el tercero es el artículo 13 del Código de Trabajo, que regula el conjunto económico: «Art. 13.- Siempre que una o más empresas, aunque cada una de ellas tuviese personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico, a los fines de las obligaciones contraídas con sus trabajadores, serán solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas.»11

La frase final importa. El artículo no declara una solidaridad automática entre sociedades del mismo grupo. La solidaridad opera cuando hayan mediado maniobras fraudulentas. El Diccionario Jurídico Dominicano lo recoge en su acepción laboral y comercial del lema: el conjunto económico es la «Agrupación de empresas que, aun teniendo cada una personalidad jurídica propia, están interrelacionadas y operan bajo una misma dirección, control o propiedad e incurren en responsabilidad solidaria en caso de fraude contra sus trabajadores.»12

Cuando hay conjunto económico, el dispositivo debe decirlo

Una vez retenido el conjunto económico, la sentencia debe ser coherente. La Tercera Sala casó la sentencia núm. 028-2022-SSEN-0224, del 30 de junio de 2022, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, que había motivado la solidaridad del artículo 13 y, sin embargo, había condenado en su dispositivo a una sola de las empresas.13

En esa sentencia, la corte de apelación había determinado que existió un contrato de trabajo por tiempo indefinido y que una de las empresas era solidariamente responsable con el empleador por formar un conjunto económico. La Sala valoró así esa decisión:

«[…] lo que presenta una franca contradicción entre sus motivos y el dispositivo, ya que deja a entrever que el único empleador fue Dominican Watchman National, SRL. y que Administración y Atesoramiento DWN fue excluida del proceso, dejando así la sentencia ausente de toda motivación, lo que impide comprender la decisión tomada por la alzada e imposibilidad del control de casación para verificar si los vicios argüidos en el memorial se encuentran presentes, por lo que al no encontrarse en condiciones de verificar si la ley fue bien o mal aplicada, esta Tercera Sala casa en su totalidad la sentencia impugnada, a los fines de que la corte de envío responda todos los puntos envueltos en la litis.»14

La Sala no dice que la corte aplicó mal el artículo 13. Dice que la contradicción entre motivos y dispositivo impide comprender la decisión y controlar la casacióncasaciónRecurso extraordinario que se interpone ante la Suprema Corte de Justicia para obtener la casación o anulación de una sentencia dictada en única o en última instancia por un tribunal inferior, por violación de reglas de derecho, sin que, por regla general, implique revisión de los hechos establecidos.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Casación. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 233). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía., por lo que casa con envío a la Segunda Sala de la misma corte.15 Esa sentencia no trata de intervención forzosa: las dos empresas eran partes del proceso. La extensión al artículo 609 es lectura propia. La misma exigencia de coherencia vale, con mayor razón, cuando la intervención y la demanda principal se deciden en una misma sentencia: esta debe articular la condena de todos los llamados a ella, y una condena que omite a quien los motivos declaran solidario se contradice.

Conclusiones para el abogado de cada lado

Para quien representa al trabajador, el camino más seguro es demandar desde el primer grado a todas las sociedades que puedan responder. La Tercera Sala admite la intervención en apelación solo con un elemento nuevo. La Sala advierte que difícilmente se justifica limitar el doble grado para reparar el olvido o la falta de previsión de quien pudo demandar al tercero en primer grado. Cuando se invoque el conjunto económico, la demanda debe alegar y probar las maniobras fraudulentas que exige el artículo 13, no solo la relación entre las empresas. Y debe vigilarse que el dispositivo condene a cada empresa que los motivos declaran responsable.

Para la empresa traída al proceso, la defensa está en exigir que el elemento nuevo se haya ventilado en la instrucción de la corte y que la sentencia precise esos hechos y sus consecuencias jurídicas (párrafo 18). Puede sostener además que el demandante pudo demandarla en primer grado y no lo hizo por olvido o falta razonable de previsión. En ese supuesto, según la Sala, difícilmente se justifica limitar el doble grado (párrafo 18). También cabe discutir el fondo (control común y maniobras fraudulentas) y la forma: si la corte retiene el conjunto económico, motivos y dispositivo deben decir lo mismo.

Notas

  1. Código de Trabajo de la República Dominicana (edición del Poder Judicial, 2007), art. 607; Ley núm. 16-92, que aprueba el Código de Trabajo, enlace. ↩
  2. Código de Trabajo, art. 608. ↩
  3. Diccionario Jurídico Dominicano, Tomo II, ENJ, IGALEX y Academia Dominicana de la Lengua, 2026, lema «intervención», p. 102 del PDF (impresa 758). ↩
  4. Código de Trabajo, art. 609. ↩
  5. Edgar Barnichta Geara, Derecho Tributario. Tomo II, 2011, pp. 243-244 del PDF (impresa 1255-1256), enlace. ↩
  6. Código de Trabajo, art. 604. ↩
  7. Código de Trabajo, art. 605. ↩
  8. Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, SCJ-TS-24-0187, 31 de enero de 2024, párr. 18, enlace. ↩
  9. SCJ-TS-24-0187, párr. 19, enlace. ↩
  10. SCJ-TS-24-0187, dispositivo, ordinal primero, enlace. ↩
  11. Código de Trabajo, art. 13. ↩
  12. Diccionario Jurídico Dominicano, Tomo I, ENJ, IGALEX y Academia Dominicana de la Lengua, 2026, lema «conjunto económico», acepción 2, p. 348 del PDF (impresa 312). ↩
  13. Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, SCJ-TS-23-1063, 29 de septiembre de 2023, enlace. ↩
  14. SCJ-TS-23-1063, párr. 12, valoración de la Sala. La primera parte del párrafo relata lo determinado por la corte a qua y no se cita como criterio de la Sala. ↩
  15. SCJ-TS-23-1063, dispositivo: casa y envía a la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. ↩

Bibliografía y referencias

Normas

  • Código de Trabajo de la República Dominicana (edición del Poder Judicial, 2007), arts. 13, 604, 605, 607, 608 y 609. Ley núm. 16-92, que aprueba el Código de Trabajo. Enlace

Jurisprudencia

  • Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. SCJ-TS-24-0187, del 31 de enero de 2024. Enlace
  • Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia núm. SCJ-TS-23-1063, del 29 de septiembre de 2023. Enlace

Doctrina

  • Barnichta Geara, E. (2011). Derecho Tributario. Tomo II. Recursos Tributarios, Infracciones y Sanciones, Cobro Compulsivo, Tributos Municipales, Parafiscalidad y Tratados Internacionales. Edición del autor, publicada en su sitio. Enlace
  • Escuela Nacional de la Judicatura, IGALEX y Academia Dominicana de la Lengua (2026). Conjunto económico. En Diccionario Jurídico Dominicano (Tomo I, p. 312, p. 348 del PDF).
  • Escuela Nacional de la Judicatura, IGALEX y Academia Dominicana de la Lengua (2026). Intervención. En Diccionario Jurídico Dominicano (Tomo II, p. 758, p. 102 del PDF).

Citar esta guía

Bisonó, J. (2026, 28 de noviembre). Intervención forzosa en materia laboral: apelación, conjunto económico y sentencia. Academia de Clerk. https://clerk.do/guias/intervencion-forzosa-laboral

BISONÓ, Joan. Intervención forzosa en materia laboral: apelación, conjunto económico y sentencia. Academia de Clerk [en línea]. 28 de noviembre de 2026 [consulta: fecha de consulta]. Disponible en: https://clerk.do/guias/intervencion-forzosa-laboral

Bisonó, Joan. «Intervención forzosa en materia laboral: apelación, conjunto económico y sentencia». Academia de Clerk, 28 nov. 2026, clerk.do/guias/intervencion-forzosa-laboral.

Bisonó, Joan. «Intervención forzosa en materia laboral: apelación, conjunto económico y sentencia». Academia de Clerk. 28 de noviembre de 2026. https://clerk.do/guias/intervencion-forzosa-laboral.

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