El anatocismoanatocismoCapitalización de los intereses vencidos de un préstamo para que produzcan nuevos intereses. El anatocismo es permitido únicamente en los casos previstos por la ley, cuando los intereses sean debidos por al menos un año completo.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Anatocismo. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 102). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. es el cobro de intereses sobre intereses: lo que el deudor debe por intereses se suma al capital y empieza a producir otros. El Código Civil dominicano lo admite, pero con dos exigencias que el acreedor debe cumplir al mismo tiempo, un plazo mínimo y un acto formal que lo autorice. Un saldo que parece líquido puede contener una capitalización que la ley no permite, y esa objeción puede plantearse hasta ante la Suprema Corte.
El artículo sostiene que el 1154 sigue siendo el único cauce de la capitalización, que la Suprema Corte lo trata como regla de orden público y que ni la libertad de tasas de la Ley 183-02 ni el interés judicial posterior a la derogación de la Orden Ejecutiva 312 lo desplazan.
La regla del artículo 1154 y sus dos exigencias
El artículo 1154 del Código Civil, en la edición del Poder Judicial, dispone lo siguiente.1
«Art. 1154.- Los intereses devengados de los capitales pueden producir nuevos intereses, o por una demanda judicial o por una convención especial, con tal que, sea en la demanda, sea en la convención, se trate de intereses debidos a los menos por espacio de un año entero.»
El texto contiene una regla temporal y una regla formal. La temporal exige que los intereses estén debidos por lo menos durante un año entero. La formal exige que la capitalización nazca de una demanda judicial o de una convención especial.
La doctrina lexicográfica dominicana recoge la misma lectura. El Diccionario Jurídico Dominicano define el anatocismo como la «capitalización de los intereses vencidos de un préstamo para que produzcan nuevos intereses» y añade que «es permitido únicamente en los casos previstos por la ley, cuando los intereses sean debidos por al menos un año completo», con remisión al artículo 1154.2 Es la definición de un diccionario, y la obra no desarrolla la figura.
Un año entero: la prohibición como regla de orden público
La Suprema Corte de Justicia dio a ese plazo un alcance que va más allá del contrato individual. En una sentencia del 22 de marzo de 1956 casó un fallo de la Corte de Apelación de San Cristóbal. La corte de apelación condenó al deudor a pagar intereses sobre un saldo que ya incluía intereses calculados de antemano. Entre el corte de cuenta y la demanda habían transcurrido once meses y nueve días.3
La Corte razonó así:
«Considerando que el artículo 1154 del Código Civil dispone que “los intereses devengados de los capitales pueden producir nuevos intereses ó por una demanda judicial o por una convención especial en la que, sea en la demanda, sea en la convención, se trate de intereses debidos a lo menos por espacio de un año entero”; que esta disposición en cuanto prohibe la capitalización de los intereses, cuando éstos no sean debidos a lo menos por un año entero y además no medie convención especial o una demanda judicial, es de orden público y por vía consecuente, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 6 del mismo Código, no puede ser derogada ni por las convenciones de los particulares ni tampoco por los usos del comercio, aún en materia de cuenta corriente; que, además, como la prohibición de que se trata es de orden público puede proponerse aún por primera vez ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de casación;»4
Como entre el corte de cuenta y la demanda no había transcurrido un año entero, la capitalización no cumplía el 1154, y la Corte casó y envió el asunto a la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo.
De ese considerando se desprenden tres consecuencias. La primera es que el plazo de un año no es disponible: ningún contrato puede capitalizar intereses con menos de un año de vencidos. La segunda es que la costumbre mercantil no suple la exigencia, ni siquiera en la cuenta corriente. La tercera es procesal. Como la regla es de orden público, el deudor que no la invocó en las instancias de fondo puede proponerla por primera vez en casacióncasaciónRecurso extraordinario que se interpone ante la Suprema Corte de Justicia para obtener la casación o anulación de una sentencia dictada en única o en última instancia por un tribunal inferior, por violación de reglas de derecho, sin que, por regla general, implique revisión de los hechos establecidos.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Casación. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo I, p. 233). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía..
La sentencia es antigua, pero su razón sigue vigente: la Corte situó el artículo 1154 entre las normas que los particulares no pueden alterar por pacto, con apoyo en el artículo 6 del Código Civil.
Tasas libres no significan capitalización libre
Una objeción frecuente sostiene que, desde 2002, las tasas se pactan libremente y que la capitalización sería una modalidad más de esa libertad. El artículo 24 de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera dice que:5
«Las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado.»
El artículo habla de la tasa, esto es, de cuánto se paga por el uso del dinero. El artículo 1154 habla de otra cosa, de cuándo un interés ya vencido puede convertirse en capital que produce más interés. Ninguna contradice a la otra. Que las partes fijen libremente la tasa no responde a la pregunta de si pueden capitalizar a plazos menores de un año. Para eso rige el 1154, y la sentencia de 1956 lo califica de orden público.
Yoaldo Hernández Perera, que escribe sobre intereses en materia de responsabilidad civilresponsabilidad civilObligación jurídica de una persona de reparar el daño causado a otra por una acción u omisión contrarios a la norma, derivada de una relación contractual, de un delito civil, cuasidelito, cuasicontrato o de otra causa establecida por la ley.Guzmán Ariza, F. J. (Dir.). (2026). Responsabilidad civil. En Diccionario jurídico dominicano (Tomo II, p. 1144). Academia Dominicana de la Lengua; Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía. y no sobre el anatocismo, describe el efecto de la libertad de tasas en las condenas judiciales. Según su artículo, al derogarse la Orden Ejecutiva 312, «en materia de pago de dinero debe tenerse en cuenta que el interés conferido a las partes es el convencional, al tenor de la parte final del artículo 24 del Código Monetario y Financiero».6 Y en una nota precisa el alcance que él le da a esa libertad: «En el estado actual de nuestro derecho, las partes son árbitras de precisar el monto por el cual entiendan conveniente fijar los intereses de las transacciones que suscriban. Por tanto, ya no existe la usura entre nosotros.»7 Es opinión de su autor y se refiere al monto del interés y no a su capitalización, de modo que no ofrece apoyo para pactar capitalizaciones que el 1154 no permite.
El interés judicial después de la Orden Ejecutiva 312
El segundo frente es el del interés que fija el juez. Durante décadas el interés legal del uno por ciento descansó en la Orden Ejecutiva 312 de 1919. La Primera Sala de la Suprema Corte lo recordó el 30 de marzo de 2022, al rechazar un recurso de casación contra una sentencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo:
«12)Con relación al medio planteado, conviene destacar que cuando se trata del reclamo de pagar sumas de dinero se aplica el artículo 1153 del Código Civil, que tenía como soporte de legalidad la derogada Orden Ejecutiva núm. 312 de fecha 1 de junio de 1919 sobre interés legal, que otrora combinada con el aludido texto permitía establecer el denominado interés legal consistente en el 1% de la suma que se haya retenido a partir de la fecha de la demanda en justicia.»8
La Corte usa el tiempo pasado: el soporte de legalidad «tenía» esa orden, hoy derogada. Esa derogación no dejó a los jueces sin poder de fijar intereses. En una sentencia del 27 de octubre de 2021 la misma Sala, en un caso de responsabilidad civil por accidente de tránsito, explicó que la orden ejecutiva no regulaba esa facultad.
«En cuanto al otorgamiento de los intereses judiciales, es preciso recordar que si bien los artículos 90 y 91 de la Ley núm. 183-02, del 21 de noviembre del 2002, que aprueba el Código Monetario y Financiero, derogaron todas las disposiciones de la Orden Ejecutiva núm. 312, de fecha 1 de junio de 1919, sobre Interés Legal, así como todas las disposiciones contrarias a dicho código, resulta que la referida orden ejecutiva no regulaba la facultad que la jurisprudencia había reconocido previamente a los jueces para establecer intereses compensatorios al decidir demandas como la de la especie, sobre la cual el vigente Código Monetario y Financiero tampoco contiene disposición alguna. […]»9
Estos dos pasajes dicen que el uno por ciento legal dejó de tener respaldo normativo. En un reclamo de sumas de dinero, la SCJ-PS-22-1148 aplica el artículo 1153 y constata que ese interés perdió su soporte. La núm. 283 añade que, en las demandas en responsabilidad civil, los jueces conservan la facultad de fijar intereses compensatorios al decidir. No dicen que esos intereses judiciales puedan capitalizarse sin cumplir el 1154. La capitalización sigue necesitando su año entero y su demanda o su convención.
Dónde se pierde la capitalización: el contrato y la demanda de cobro
La regla se aplica de forma distinta según la posición que se ocupe. En la redacción de un préstamo, la cláusula que capitaliza intereses con una periodicidad menor de un año choca con el 1154 tal como lo leyó la Suprema Corte. Una cláusula que capitalice los intereses vencidos cada mes, por ejemplo, no cumple el año entero.
En la demanda de cobro, el cuidado está en el estado de cuenta. Si el saldo que se reclama ya suma intereses al capital, pedir además intereses sobre todo ese monto puede ser anatocismo. Es el supuesto que se casó en 1956. Por eso conviene separar en el escrito el capital de los intereses vencidos, indicar desde cuándo corre cada uno y, si se pide capitalizar, acreditar el año entero y el acto, ya sea la demanda o la convención, que sustenta la petición.
Para el deudor demandado, la consecuencia es de defensa. Puede discutir la capitalización cuando el plazo no se cumplió, aun por primera vez en casación, aunque una objeción oportuna evita que la sentencia de fondo consolide el cálculo. Para los contratos de préstamo con garantía conviene revisar también la guía del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, y para presentar estas sentencias en un escrito, la guía sobre cómo citar una sentencia dominicana.
Conclusiones: qué hace cada parte con la regla
La capitalización de intereses es lícita en República Dominicana cuando el acreedor puede mostrar tres cosas: intereses vencidos por un año entero, un acto que la autorice, sea demanda o convención especial, y que ese acto se refiera a esos intereses. Lo demás es anatocismo, y la Suprema Corte lo trata como materia de orden público.
El acreedor debe revisar que su cláusula no capitalice antes del año, que el estado de cuenta distinga capital e intereses y que la demanda pida expresamente la capitalización cuando quiera obtenerla. El deudor debe confrontar el cálculo del saldo con esos mismos tres requisitos y plantear la objeción en el momento oportuno, sabiendo que puede hacerlo todavía en casación. Ni la libertad de tasas del artículo 24 de la Ley 183-02 ni la desaparición del interés legal de la Orden Ejecutiva 312 cambian ese cuadro.
Notas
- Código Civil de la República Dominicana, art. 1154, edición del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia, 2007), pág. 217 del PDF (220 de la edición impresa). ↩
- Martínez Almánzar, C. M. y otros, Diccionario Jurídico Dominicano, t. I, Escuela Nacional de la Judicatura, IGALEX y Academia Dominicana de la Lengua, 2026, lema «anatocismo», p. 138. ↩
- Suprema Corte de Justicia, sentencia del 22 de marzo de 1956, Boletín Judicial de marzo de 1956, PDF. ↩
- Suprema Corte de Justicia, sentencia del 22 de marzo de 1956, Boletín Judicial de marzo de 1956, PDF. ↩
- Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, art. 24, texto. ↩
- Hernández Perera, Y., Los intereses judiciales (en materia de responsabilidad civil), Gaceta Judicial, año 16, núm. 306, 2014, yoaldo.org. El autor remite ahí a su nota 6, que es el segundo pasaje citado. ↩
- Hernández Perera, Y., Los intereses judiciales (en materia de responsabilidad civil), Gaceta Judicial, año 16, núm. 306, 2014, nota 6 del autor, yoaldo.org. ↩
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, núm. SCJ-PS-22-1148, 30 de marzo de 2022, PDF. ↩
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, núm. 283, 27 de octubre de 2021, PDF. ↩
Bibliografía y referencias
Normas
- Código Civil de la República Dominicana, art. 1154 (edición del Poder Judicial).
- Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, art. 24. Texto.
Jurisprudencia
- Suprema Corte de Justicia, sentencia del 22 de marzo de 1956, Boletín Judicial de marzo de 1956. PDF.
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, núm. 283, 27 de octubre de 2021. PDF.
- Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, núm. SCJ-PS-22-1148, 30 de marzo de 2022. PDF.
Doctrina
- Hernández Perera, Y. (2014). Los intereses judiciales (en materia de responsabilidad civil). Gaceta Judicial, año 16, núm. 306. yoaldo.org.
- Martínez Almánzar, C. M., et al. (2026). Diccionario jurídico dominicano (t. I). Escuela Nacional de la Judicatura; Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía (IGALEX); Academia Dominicana de la Lengua. (Lema «anatocismo», p. 138.)



